La Política de la Tortura
Por: Adolfo Flores

La única manera como Juancho podía continuar con sus negocios de limpieza y productos de comunicación en su natal Colombia era pagando por el “permiso” para operar de la guerrilla, los paramilitares y el ejército. Como se negó a pagar “por balas para la sangre de mi país”, Juancho fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Luego de disolver sus negocios para no pagar a los extorsionistas, fue torturado por las FARC, que lo usó como ejemplo de lo que pasa cuando alguien intenta ser más astuto que ellos. Juancho soportó golpes diariamente y casi amputaron su dedo pulgar, después que él intento estrangular a uno de sus captores. Las cicatrices en sus manos sirven como recordatorio del precio que pagó por su decisión.

“Es muy triste cuando la gente en el poder, los políticos, llegan a sus estructuras de poder apurándose por dinero y de llenar su bolsillo sin pensar en lo que está pasando alrededor de ellos”, dijo Juancho, que ha estado viviendo en los Estados Unidos por más de siete años como asilado político.

Según la Oficina de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Defensa el número de Colombianos asilados en los Estados Unidos en el 2006 era de 2,964, representando el 11.4% de asilados entrando al país. Sin embargo, el número de asilados ha disminuido en reciente años, ya que en el 2004 el eran 4,368 y en 2005 eran 3,361.

Mientras que EE.UU. otorga asilo político a individuos que fueron torturados en su país de origen, ha salido a la luz recientemente que también ha utilizado la tortura como un método interrogatorio en su lucha contra el terrorismo.

Un memorando del 25 de Enero del 2002 escrito por el ex-Fiscal General de la Nación, Alberto Gonzáles, fue de las primeras piedras del argumento de la administración de Bush para redefinir la tortura. El memorando afirmó que los derechos garantizados por la Convención de Ginebra no aplican a “combatientes enemigos”.

A pedido de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Gonzáles le solicitó a la Oficina de Consejo Legal (OLC) del Departamento de Justicia que preparara opiniones legales sobre criterios de interrogación bajo la Convención Contra la Tortura afuera del país.

La respuesta, conocida como el memorando Bybee, afirmó que métodos como el asfixio simulado (referido en inglés como “waterboarding”), y negar medicamentos analgésicos son técnicas aceptadas. Son legales, según el memo, porque en estado de guerra el Comandante en Jefe puede usar su poder de veto para circunnavegar ciertas leyes. Bajo esa premisa, cualquier intento de interferir con la decisión del presidente sería inconstitucional.   

Gonzáles aprobó y diseminó el memo por todo el gobierno.

“El Departamento de Justicia ha tratado de cambiar la definición de lo que es tortura, abuso y que es ilegal”, dijo Christopher Anders, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Michael B. Mukasey, recientemente nombrado Fiscal General de la Nación, fue criticado por miembros del Comité Judicial del Senado y por la prensa luego de negarse a afirmar que el asfixio simulado es ilegal. Aunque Mukasey llegó a llamar “repugnante” al asfixio simulado, no dijo si era ilegal porque explicó que no había sido informado sobre las técnicas de interrogación.

“Nuestra ley hace la tortura ilegal, y ‘waterboarding’ es tortura y si es ilegal”, dijo presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick J. Leahy, momentos antes de la votación final. “Ningún estadounidense necesita información clasificada para determinar si ‘waterboarding’ es tortura”.

El senador Lindsey O. Graham, quien votó a favor de Mukasey en el comité para aprobar su nominación y después en su confirmación en el Senado, expresó su preocupación por el mensaje que EE.UU. enviaría si permite usar técnicas de tortura durante interrogatorios, pero mantuvo su creencia que Mukasey iba respetar la ley.      

“Al mundo no le hacen faltan personas o países que practiquen ‘waterboarding’”, Graham dijo. “Sí hay falta de gente que cree en justicia y no venganza”.

Después del 9/11 han habido tres incidentes reportados en los que la CIA utilizó el asfixio simulado durante los interrogatorios. En caso Mukasey considerara al asfixio simulado como tortura, los interrogadores de la CIA y los que ordenaron usar ese método podrían ser procesados.

“Es un esfuerzo por parte del plan total para evitar juicios”, Anders dijo.

Si la ley de gastos de Irak es aprobada por el Senado y el presidente, el Manual de Campo del Ejército, que prohíbe la tortura, aplicará a todas las agencias estadounidenses, incluyendo la CIA.